Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy
que el Gobierno de Guatemala está alimentando la llama del conflicto al no
consultar a las comunidades el otorgamiento de licencias para la explotación
minera en el país. En su informe "La minería en
Guatemala: derechos en peligro", presentado hoy en un hotel capitalino, la
AI sostiene que la falta de consulta a las comunidades locales incrementa el
riesgo de que haya derramamiento de sangre.
Según Amnistía Internacional, la iniciativa
de ley presentada por el Ejecutivo al Congreso para reformar la Ley de Minería
no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y
rurales en torno a las minas sino que incluye medidas que pueden agravar las
tensiones existentes. "La legislación propuesta no aborda de
forma significativa la cuestión de la consulta. Si se promulga, significaría
esencialmente que las opiniones y preocupaciones de las comunidades sigan sin
tenerse en cuenta", dijo la directora del Programa para América de AI,
Erika Guevara Rosas.
El hecho de que sólo se dé un plazo de 10
días para impugnar las solicitudes de licencia, de acuerdo con las reformas
propuestas, agravaría el problema por la falta de consulta, advirtió Guevara. AI
recuerda que la falta de un proceso justo y una consulta adecuada, ya ha
provocado confrontaciones violentas en el pasado.
Asegura que las normas internacionales de
derechos humanos establecen que es preciso consultar e informar adecuadamente a
las personas que puedan verse afectadas por proyectos mineros, y que los
proyectos que vayan a realizarse en las tierras de los pueblos indígenas no
deben llevarse a cabo sin su consentimiento.
"Nos preocupa que la violencia que se
ha vivido en el pasado continúe si no se introduce un proceso de consulta justo
y equilibrado. También somos conscientes de que no se están respetando los
derechos de los pueblos indígenas", señala el informe. Agrega que la
violencia y la represión que se han arraigado en torno a la minería en
Guatemala no pueden continuar, y exhortan al Gobierno a garantizar y facilitar
el diálogo e informar a la población sobre los beneficios y riesgos de la
minería.
"También pedimos a los gobiernos de
los países en los que tienen su sede las empresas de propiedad extranjera que
actúan en Guatemala que vigilen y rindan cuentas por el impacto de sus
actividades en los derechos humanos, actúen donde actúen", dijo.
De acuerdo con AI, muchas de las empresas
que operan actualmente en Guatemala son filiales de firmas canadienses. Amnistía
Internacional manifestó que los pueblos indígenas siguen sufriendo marginación
económica y social en Guatemala debido a una mala distribución de la tierra. Texto Original Clic Aquí
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